MARTI BATRES: LA INICIATIVA QUE OFENDE
El 2 de noviembre de 2019, con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodista, la Comisión Nacional de Derechos Humanos demandó esclarecer el 90 por ciento de asesinatos de periodistas que permanecen en la impunidad.
En un comunicado de prensa, en esa fecha divulgó cifras que muestran el ambiente de violencia que ha convertido a México en el país más peligroso del continente y uno de los más riesgosos del mundo para el periodismo.
Desde el 2000, señaló, se cometieron 153 homicidios de periodistas, entre ellos 16 mujeres. Sin contar los que ocurrieron después de esa fecha. Desde el 2005, otros 21 están desaparecidos y desde 2006, se han registrado 53 ataques contra instalaciones de medios de comunicación.
El organismo también se refirió al preocupante ambiente de hostilidad generado por expresiones de descalificación de servidores públicos contra periodistas o medios de comunicación, que propician que ciertos sectores vean esas opiniones “como un permiso” para agredir a la prensa.
Aunque el comunicado no lo refiere, la violencia contra la prensa también ha provocado el desplazamiento forzado de periodistas. El acoso, intimidaciones o ataques de grupos de poder dentro y fuera del gobierno han obligado a muchos a abandonar sus lugares de residencia.
Entre quienes se ha acogido a los mecanismos oficiales de protección hay quejas por los problemas que enfrentan en su condición de desplazados.
En este gravísimo contexto, el senador Martí Batres Guadarrama presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El texto del senador de Morena indica que para presentar su propuesta se realizó una revisión exhaustiva de todos los artículos de la mencionada ley.
Explica que en el documento que presentó se eliminaron las expresiones que “discriminan, excluyen y hacen invisibles a las mujeres; sistemática, históricamente”.
Batres Guadarrama, por ejemplo, propone eliminar términos como “beneficiario” para sustituirlos por “persona beneficiaria” Entre sus argumentos, indica que “la adecuación de los textos jurídicos que rigen nuestra convivencia social también suma a los esfuerzos de inclusión y no discriminación”.
Sin pretender menospreciar, ni minimizar la importancia que tiene la necesidad de construir un entramado legal con perspectiva de género, en el contexto de alto riesgo que enfrenta el ejercicio periodístico en México, que lo mantienen como uno de los países más peligrosos del mundo para quienes se dedican a esta actividad, la iniciativa del senador morenista resulta hasta ofensiva.
Cambiar “Beneficiario” por “persona beneficiaria” en esa disposición legal no hará ninguna diferencia para atender la problemática que padecen los periodistas y los defensores de los derechos humanos. Ni con esta ley ni con todos los instrumentos legales existentes, el estado mexicano ha sido capaz de garantizar un mínimo de seguridad al ejercicio periodístico, que desde hace mucho tiempo transita en un ambiente cada vez más hostil.
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